Se frirmó la carta Iberoamericana de e-gov, llamada también « consenso de Pucón » en el marco IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado.
En dicha carta pone de manifiesto que las expresiones « gobierno electrónico » y « administración electrónica » son sinónimas y que por tanto
ambas son consideradas como el uso de las TIC en los órganos de laAdministración para mejorar la información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos, orientar la eficacia y eficienciade la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la participación de los ciudadanos. Así pues,
La adopción del Gobierno Electrónico en la gestión pública por parte de los Estados iberoamericanos se propone la satisfacción de las necesidades así como contribuir al desarrollo de la sociedad, por lo que jamás podrá consistir en una simple respuesta a las ofertas tecnológicas que provienen del mercado
.
Se señala asimismo, el principio de adecuación tecnológica el cual recomienda el uso del software libre:
Las administraciones elegirán las tecnologías más adecuadas para satisfacer sus necesidades. Se recomienda el uso de estándares abiertos y de software libre en razón de la seguridad, sostenibilidad a largo plazo y para prevenir que el conocimiento público no sea privatizado. En ningún caso este principio supondrá limitación alguna al derecho de los ciudadanos a emplear la tecnología de su elección en el acceso a las Administraciones Públicas. Dentro de este principio se comprende el del uso de distintos medios electrónicos como son: el computador, la televisión digital terrestre, los mensajes SMS en teléfonos celulares, entre otros, sin perjuicio de la eventual imposición del empleo en determinados casos de aquellos medios concretos que se adecuen a la naturaleza del trámite o comunicación de que se trate.
En cuanto a las condiciones generales para el establecimiento y desarrollo del gobierno electrónico -Cap Tercero-
Los Estados tendrán en cuenta los problemas del tránsito de los sistemas actuales de relaciones de los
ciudadanos con las Administraciones Públicas a un sistema integral de Gobierno Electrónico, y tomarán las medidas necesarias para afrontarlos y resolverlos. También tendrán en cuenta y tomarán las medidas necesarias para realizar las adaptaciones de las Administraciones Públicas al Gobierno Electrónico y la colaboración entre Administraciones Públicas para conseguir la plena interoperabilidad de los servicios a nivel nacional y subnacional, así como a nivel internacional.Los Estados deberán prever que el derecho de los ciudadanos a emplear medios electrónicos exige un
tiempo de preparación de las Administraciones públicas. La eficacia en este punto no es
incompatible con el realismo acerca de los tiempos y las exigencias de planificación para el
establecimiento del Gobierno Electrónico con criterios de flexibilidad no incompatible con la certidumbre y el compromiso sobre fechas de implantación del Gobierno electrónico.
Dicha preparación deberá incluir, en forma permanente, el componente formativo para ir acompañando las iniciativas de cambio desde espacios de reflexión y aprendizaje situado, a fin de
garantizar la necesaria transformación de las culturas organizacionales y la correcta reformulación de las prácticas.
La pregunta del millón es si el gobierno actual, que va en su primer año de gobierno, no sabe/ no puede manejar pryectos como las OLPC ¿podrá manejar la implentación del gobierno electrónico? ¿Quiénes serán los especialistas convocados. tanto a nivel técnico como social?
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